Fundamentos

La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. El programa de Derecho de la Comunicación se propone un abordaje histórico y comprensivo de las tendencias políticas, económicas, jurídicas, sociales y tecnológicas que han condicionado su ejercicio, en particular a partir de la segunda mitad del Siglo XX.

 

Ese enfoque incluye el desarrollo de nuevas plataformas y dispositivos de distribución y acceso así como su impacto en las modalidades de consumo de la información y bienes culturales, considerados por las convenciones internacionales como bienes y servicios con un doble valor: el económico y el social. Las nuevas plataformas son, por eso mismo una vía esencial para asegurar la libertad de expresión en su doble dimensión: individual y colectiva.

 

Hitos trascendentes como el informe internacional Un solo Mundo, Voces Múltiples (UNESCO, 1980) pusieron sobre el tapete la necesidad de un amplio debate que incluyera los conceptos de circulación de la información y restricciones directas e indirectas que afectan el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Esos valores se ven ahora en tensión bajo los efectos de la globalización y el surgimiento de la denominada Sociedad de la Información.

 

La materia tomará como eje articulador de los parámetros históricos y de legislación comparada el núcleo de la Declaración del Pacto de San José de Costa Rica sobre la libertad de expresión que señala:

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección [1].

 

En el mismo sentido, la materia considerará los procesos de concentración de la propiedad, en todas sus formas, así como las regulaciones orientadas a preservar la diversidad y el pluralismo, observando como otro de sus núcleos de contenidos el Principio 12 sobre Libertad de Expresión de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2000).

 

Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

 

La materia trabajará a partir de la actualización producida en el campo del derecho internacional por la Declaración de la OEA sobre Libertad de Expresión en Internet y los aportes realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Comunicación y la Cultura (UNESCO) en cuanto al derecho a la diversidad cultural. Incluirá el acceso, la producción y circulación de bienes culturales como parte del ejercicio de la libertad de expresión.

 

En el plano del derecho internacional comparado se tomarán especialmente en cuenta las medidas de protección audiovisual de la Unión Europea (UE) a través de la Directiva Europea de Televisión sin Fronteras (y sus sucesivas actualizaciones como Directiva de Servicios Audiovisuales) así como los debates jurídicos sobre la reforma mediática en los Estados Unidos alrededor de los casos Prometheus I y II, con jurisprudencia de la Corte de Columbia, que incorpora la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual en Argentina en sus notas comentadas.

 

La Cátedra abordará el salto del mundo analógico al digital, recorriendo el camino que impulsaron la democratización del mundo audiovisual mediante la ley 26.522, en el marco de los derechos humanos junto a los/as nuevos/as protagonistas, hasta su modificación implementada por decreto hacia finales del año 2015 y hasta la actualidad. En este sentido se abordará también la convergencia tecnológica, asumiendo la perspectiva de la inclusión social y el acceso a la banda ancha como partes esenciales del derecho a la comunicación en el siglo XXI. A su vez, también se trabajará sobre los ejes problemáticos que deberá incluir  una posible regulación convergente en el campo de la comunicación.

 

Finalmente se trabajará con los alumnos los nuevos desafíos del ejercicio profesional en la sociedad de la información, examinando el valor de la tarea periodística en una sociedad democrática. La censura y las restricciones a la libertad de opinión, así como la derogación de la penalización de calumnias e injurias. Se abordarán los principios del Estatuto del periodista profesional, deberes, derechos y obligaciones del trabajador de prensa. Actualización de los derechos y obligaciones el periodismo en la Sociedad de la información e Internet. Asimismo y en línea con los debates internacionales sobre derecho de la comunicación, la Cátedra actualizará los debates sobre la privacidad y la intimidad en el mundo digital así como las nuevas perspectivas de género y su tratamiento periodístico.